El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, quien integra la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por decisión de la Suprema Corte provincial, y ahora se le suma esta medida como parte del trámite del jury iniciado en su contra.

El inicio de la denuncia

El expediente se originó en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su relato describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de supuestas propuestas de encuentros personales. La presentación fue acompañada con chats y audios que quedaron incorporados al legajo como material probatorio.

A partir de esa presentación se abrieron, en paralelo, un sumario administrativo y una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General de la provincia formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al proceso político-institucional. Más tarde se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos formulados

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su cargo con fines intimidatorios.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El jurado es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores. De acuerdo con la información disponible, el proceso continúa con el análisis de los cargos y la evaluación de la prueba, en una instancia previa a la determinación de responsabilidades que, de acreditarse, podrían derivar en la destitución del magistrado.