Condena a un enfermero de PAMI en Rosario por vender fentanilo y otras drogas hospitalarias por redes sociales

Qué, dónde y cuándo: el enfermero Luis Benavídez, de 44 años, que se desempeñaba en el Policlínico PAMI II de Rosario, fue condenado el 4 de septiembre por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros a cuatro años y seis meses de prisión efectiva y a la inhabilitación por igual período para ejercer la enfermería y ocupar cargos públicos. El hombre trabajaba en ese establecimiento desde 2014, según quedó acreditado en la causa.

Los delitos reconocidos en el acuerdo

• Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, en referencia al bromuro de vecuronio.
• Hurto, por la sustracción de medicamentos del hospital donde se desempeñaba.
• Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, a partir de una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.

De qué se lo acusa: la investigación federal acreditó que Benavídez sustraía medicamentos de uso hospitalario de su lugar de trabajo y los ofrecía a través de redes sociales para consumo recreativo, coordinando las entregas con los compradores. La pesquisa estableció que obtenía las sustancias en el policlínico y que las comercializaba fuera del ámbito sanitario.

Cómo se llegó al caso: el expediente se abrió a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años que fue encontrado muerto en su departamento el 9 de agosto de 2023. El familiar aportó el teléfono de la víctima y documentación ante la Unidad Fiscal Rosario y señaló que su hijo consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero. A partir de ese aporte, la fiscalía federal analizó conversaciones y mensajes de audio del aparato, en los que se observaron ofrecimientos y coordinaciones de entregas de drogas de uso hospitalario.

Sobre la muerte que originó la denuncia, la pesquisa inicial quedó archivada en la justicia provincial porque la autopsia no logró determinar una causa de muerte y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, ese resultado impidió atribuir el fallecimiento a una sustancia específica. En ese contexto, la investigación provincial por homicidio no prosperó, aunque sí permitió abrir la causa federal por comercialización de medicamentos.

Instancia procesal: la condena se dictó en el marco de un acuerdo pleno de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Benavídez reconoció los hechos, aceptó su intervención, las pruebas de la acusación, la calificación legal y la pena solicitada, y el juez federal Carlos Vera Barros homologó ese convenio en la audiencia del 4 de septiembre. La defensa ya no puede presentar recursos sobre la cuestión acordada y, salvo nuevos planteos formales, el próximo paso de la causa es el cumplimiento efectivo de la pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.