La Justicia decretó la quiebra de Carsa, controlante de Musimundo, con una deuda concursal superior a 63.500 millones de pesos
El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia convirtió el expediente concursal en quiebra el 2 de septiembre, tras frustrarse la venta de 45 locales a On City y luego del cierre de 20 sucursales en el nordeste que dejaron más de 100 trabajadores sin puesto.

El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de la ciudad de Resistencia resolvió el pasado 2 de septiembre de 2026 revocar la apertura del concurso preventivo que se había concedido a Carsa S.A. en julio del corriente año y decretar, en consecuencia, la quiebra de la firma que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo. La resolución fue adoptada al considerar acreditados extremos que configuran, en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras, la cesación de pagos de la sociedad, tornando inviable la prosecución del trámite concursal.
La quiebra se produce en un contexto de profundo deterioro financiero. Conforme surge del expediente, la deuda concursal de la compañía ascendía a 63.500 millones de pesos, magnitud que refleja tanto las obligaciones contraídas con entidades bancarias como las acreencias de proveedores, trabajadores y demás sujetos alcanzados por el pasivo concursal. A fines de mayo de 2026, los compromisos con el sistema financiero se estimaban en torno a los 3.060 millones de pesos, con el Banco de la Nación Argentina como principal acreedor, por cerca de 1.549 millones.
El peso de una caída que se arrastraba desde antes del concurso
El cuadro descripto en sede judicial se construyó sobre un proceso de retracción que la propia empresa había iniciado antes de presentarse en concurso. Musimundo procedió al cierre de 20 sucursales localizadas en el nordeste argentino —abarcando las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones—, puntos que la sociedad caracterizó como locales duplicados en plazas donde la marca contaba con más de un establecimiento operativo. Tales cierres derivaron en la afectación de más de 100 puestos de trabajo, según trascendidos recogidos por allegados a la firma.
La operación frustrada con On City y el plan de reducción
En las semanas previas al dictado de la quiebra, la administración de Carsa negoció la transferencia de 45 sucursales a los propietarios de On City, cadena surgida del recambio de marca operado sobre la red de locales de Electrónica Megatone. La operación no llegó a concretarse y, ante el fracaso de esa alternativa, el directorio aprobó el 26 de agosto un plan de reducción de estructura que la sindicatura valoró al momento de evaluar la situación patrimonial de la sociedad. El expediente, en tanto, fue recaratulado bajo la carátula "CARSA S.A. s/ Quiebra".
Cronograma del proceso y antecedentes de la firma
Con la quiebra decretada, la sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez continuará interviniendo en las actuaciones. Conforme el calendario fijado por el tribunal, los acreedores podrán presentar pedidos de verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026; el informe individual quedó previsto para el 30 de marzo de 2027, en tanto que el informe general deberá presentarse el 25 de junio del mismo año.
El antecedente más próximo en la historia concursal de la compañía se remonta a 2018, cuando la firma ya había recurrido al concurso de acreedores con una deuda declarada de 900 millones de pesos. La magnitud del pasivo verificado en esta oportunidad —multiplicado por un factor cercano a las setenta veces en términos nominales respecto de aquel registro— ilustra la profundidad del desequilibrio que condujo a la resolución dictada por el juzgado chaqueño.
En el plano comparado, la quiebra de Carsa se inscribe en un ciclo de fuertes conmociones que atraviesa al sector de electrodomésticos en el país, con la novedad de que esta vez el pasivo concursal multiplica con holgura los registros históricos de la propia compañía, según se desprende de los registros obrantes en el expediente. Resta ahora que la sindicatura avance con la verificación de los créditos y que la administración judicial defina el destino de la red de locales y de los puestos de trabajo que permanecían formalmente vinculados a la sociedad al momento del decreto de quiebra, cuestiones que continúan sin definición concreta en la órbita del juzgado de Resistencia.
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