La odisea cotidiana de las familias que esperan una respuesta del Estado en Córdoba

Me lo cuenta una vecina mientras acomoda a su hija en la silla de ruedas, después de subir tres escalones por la rampa improvisada con un tablón de madera. En el barrio todavía se acuerdan de la cantidad de meses que pasaron hasta conseguir el primer turno con un especialista y la cantidad de meses que llevan pagando de su propio bolsillo lo que el sistema debería cubrir. Cuando leí el documento de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, presentado el 5 de octubre de 2026, sentí que esa historia dejaba de ser una excepción para empezar a parecerse a una postal bastante recorrida: la de las familias que corren detrás de un papel, una prótesis o una sesión de rehabilitación y nunca terminan de alcanzar el próximo paso.

El primer muro: el Certificado Único de Discapacidad

El informe describe que, en la Ciudad de Córdoba, las juntas evaluadoras que otorgan el Certificado Único de Discapacidad funcionan en siete hospitales, dos de ellos pediátricos. En esos nosocomios, conseguir un turno puede insumir entre dos y tres meses de espera. A ese tiempo se suman las dificultades para acceder a consultas con los especialistas que deben intervenir en la evaluación, un cuello de botella que se repite en otros puntos del país pero que, según el relevamiento, pega con fuerza en la provincia mediterránea.

El defensor del Pueblo adjunto a cargo, Carlos Galoppo, sintetizó los plazos que recoge la investigación para el resto de las prestaciones: entre cuatro y nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y entre nueve y catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. El propio documento aclara que esos rangos describen lo relevado y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, una aclaración que no evita el vértigo de imaginar qué significa atravesar casi un año y medio a la espera de una silla postural o una sesión de fonoaudiología.

Lo que pagan las familias mientras el sistema se demora

• Una madre entrevistada para el informe sostuvo durante alrededor de dos años la atención de su hija por vías particulares y describió desembolsos mensuales de entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones.
• Varios testimonios registran gastos de bolsillo en transporte, terapias y compras de medicamentos que no fueron cubiertos en tiempo y forma por las obras sociales o los programas provinciales.
• El documento describe una sobrecarga de los cuidados que recae principalmente sobre las mujeres: madres que redujeron su jornada laboral, resignaron ingresos o directamente dejaron de trabajar para acompañar los tratamientos.
• La consecuencia es doble:, cuando la plata de la familia termina pagando lo que el Estado no llega a tiempo, y el reloj sigue corriendo.

La investigadora social Graciela, vecina del barrio y una de las voces recogidas en el informe, me dijo algo que se me quedó dando vueltas mientras caminaba de vuelta a la redacción: que la discapacidad se vuelve una pelea de larga duración, no solo contra la enfermedad, sino contra el tiempo de los turnos, los plazos de las prestaciones y las cuentas que nunca cierran. Lo dijo sin levantar la voz, con esa calma que tienen algunas madres después de haber peleado demasiadas audiencias.

Prestadores ahogados y números que no cierran

El informe también pone el foco en quienes prestan los servicios. Registra atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales a los centros de rehabilitación, y arroja dos cifras que sirven para dimensionar el desfasaje: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% en promedio, mientras la inflación acumulada fue del 336%. Es decir, los ingresos del sector quedaron corriendo por detrás de los precios.

El transporte, indispensable para llegar a las terapias, muestra una brecha similar: en ese mismo período, la nafta súper aumentó un 559% y el valor reconocido por kilómetro por las obras sociales y programas, un 231%. El documento vincula esa diferencia con la decisión de varios prestadores de reducir gastos de funcionamiento, achicar servicios o directamente dejar de atender determinadas prestaciones por la imposibilidad de sostenerlas económicamente.

“Las familias terminan sosteniendo con plata del bolsillo lo que el sistema debería garantizar, y las mujeres son quienes más resignan ingresos y horas de trabajo para cuidar.”Informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba

Vuelvo a la puerta de aquella casa del principio, a la rampa hecha con un tablón y a la silla de ruedas que pesa más cuando la sube una sola persona. El informe no dice que la Consejería pueda vencer a esta discapacidad, ni que tampoco alcancemos a explicar el dolor de cada casa, sino que describe con mucha crudeza el desfasaje que existe entre las leyes y los turnos, las normas y los plazos. Cuando el reloj corre más rápido que la burocracia, las familias se acostumbran a pagar con plata, con horas y con lágrimas; el Estado, en cambio, todavía no termina de enterarse de cuánto cuesta esa cuenta.