Mendoza puso en marcha una instancia gratuita para que los consumidores renegocien sus deudas con tarjetas y préstamos

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza habilitó un mecanismo de conciliación obligatoria y sin cargo, destinado a consumidores finales con domicilio real en la Provincia que atraviesen una situación de sobreendeudamiento. La herramienta, que se tramita ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), apunta a renegociar obligaciones con tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos de consumo, en un contexto donde los compromisos financieros empiezan a comprometer una parte significativa de los ingresos familiares.

El subrégimen se aplica cuando los pagos mensuales superan el 30% de los ingresos netos del grupo familiar conviviente. En situaciones de especial vulnerabilidad social —hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desocupados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales— ese umbral desciende al 25%. A la vez, fija un tope de capital adeudado: la deuda total no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de iniciar el trámite.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

• Entran: préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Quedan excluidas: las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y sanciones penales.
• No se contemplan: las deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.

El procedimiento abre la puerta a distintas alternativas de acuerdo entre las partes: refinanciaciones con cuotas adaptadas a la capacidad de pago, períodos de espera para el inicio de los pagos, extensión de los plazos originalmente pactados y eventuales quitas de capital. También es posible reclamar la eliminación de intereses punitorios y de cargos por mora. La Provincia carece de facultades para imponer unilateralmente esas modificaciones: las nuevas condiciones rigen únicamente si el consumidor y el acreedor las aceptan en la audiencia de conciliación.

Para iniciar el trámite, el consumidor debe concurrir a la OCDC con un detalle de sus acreedores y de los importes adeudados, junto con un inventario actualizado de sus activos y pasivos. Defensa del Consumidor corre vista a los acreedores, que disponen de hasta diez días hábiles para informar su origen —el material de base queda trunco en ese punto—. La instancia se inscribe en una agenda provincial orientada a ordenar los pasivos de las familias frente al encarecimiento del crédito al consumo, y su rendimiento podrá medirse en los próximos meses según la cantidad de audiencias celebradas y los acuerdos homologados.

En la comparación con el mismo período del año anterior, la Provincia no difundió aún una línea base de audiencias de reestructuración ni de homologaciones, de modo que el primer corte de gestión el indicador inicial del nuevo frente. Resta definir en Buenos Aires, en el ámbito nacional, cómo se articularán los acuerdos alcanzados en Mendoza con los regímenes de refinanciación que aplican entidades bancarias bajo la órbita del Banco Central, así como el tratamiento que recibirán los eventuales descuentos registrales en los organismos de protección al consumidor.