Procesan al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos
La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva tras la extradición desde México. La causa investiga la incorporación al circuito legal de fondos que, según la Justicia, provendrían de la explotación sexual de mujeres.

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Raúl Martins, de 77 años, por el delito de lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La medida fue adoptada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, a cargo de la magistrada, luego de que el acusado fuera extraditado desde México, donde había sido detenido en 2019 en Cancún.
La resolución, dictada en la instancia procesal de instrucción, señala que existe mérito suficiente para considerar que Martins habría intervenido en operaciones destinadas a incorporar al circuito económico legal dinero obtenido mediante la explotación sexual de mujeres. La pesquisa apunta a adquisiciones de propiedades, administración de sociedades y movimiento de fondos a través de empresas argentinas y extranjeras.
El descargo de la defensa y los plazos discutidos
Durante la indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Su defensa planteó que las 26 operaciones que se le atribuyen correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, previas al período que la Justicia tomó como base de la imputación por explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, sostuvo que esa imputación se redujo al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las denuncias sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.
Servini rechazó esos argumentos. En su resolución explicó que una sociedad constituida antes del período investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no resulta, por sí sola, un elemento excluyente de responsabilidad. La magistrada evaluó de manera conjunta la intervención de sociedades, los poderes de administración otorgados y la actuación de familiares para concluir que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.
El origen de la causa y los próximos pasos
- Inicio de la investigación: el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
- Detención en el exterior: Martins fue apresado en México en 2019 y trasladado a la Argentina desde Cancún por personal de Interpol.
- Carátula principal: lavado de activos agravado, en una causa conexa a la investigación por explotación sexual.
- Embargo: 300 millones de pesos sobre los bienes del procesado.
- Próximo paso procesal: la defensa puede apelar el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones, mientras la instrucción continúa con medidas de prueba pendientes.
El expediente se mantiene en etapa de instrucción y la defensa tiene abierto el camino recursivo para revertir el procesamiento. Mientras tanto, Martins permanece detenido con prisión preventiva a disposición del juzgado, en el marco de una causa que combina la persecución penal por trata de personas con el seguimiento del patrimonio que, según la Justicia, habría sido puesto a resguardo en distintas sociedades.
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