Lo vi con mis propios ojos cuando fui a buscar turno para un familiar a la guardia de un hospital público del conurbano bonaerense: una fila larga, silenciosa, de gente esperando no por una fractura ni por una fiebre, sino por un ataque de pánico, una crisis de angustia o un chico que no puede dormir hace semanas. No fui la única en notarlo, claro. Esa misma postal aparece, traducida en números, en un relevamiento federal que acaban de presentar en el Senado y que advierte que las internaciones por salud mental crecieron 42% entre 2023 y 2026 en Argentina, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. Las consultas ambulatorias, mientras tanto, subieron 23% en el último año, según el mismo informe.

Los datos no salen de una encuesta ni de un muestreo: los aportaron las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias —Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego— que en conjunto concentran más del 70% de la población del país. También participaron Entre Ríos y Río Negro. La coordinación del trabajo la llevó adelante la Universidad Nacional de Lanús, en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que rige desde 2010.

Quiénes llegan y por qué

El cuadro que describen las provincias es bastante claro. Creció la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, y se multiplicó la de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y terminaron recalando en el sistema público. En territorio bonaerense, la situación es casi un termómetro del resto: el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde hoy a problemas de salud mental.

“Sentí que el hospital se llenó de chicos con crisis. Antes uno veía sobre todo adultos; ahora atendés a pibes de 14, 15 años que se descomponen en la sala de espera.”Marcelo, 52 años, enfermero de guardia en un hospital del conurbano

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para consumos problemáticos. Sin embargo, las propias autoridades provinciales reconocieron que toda esa estructura está "sobreexigida" frente a una demanda que no cesa, y que cuesta completar los equipos con las disciplinas críticas que hacen falta para que esos dispositivos funcionen como deberían.

Qué piden las provincias y qué se discute en el Congreso

El informe llegó al Senado justo cuando el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". Lo dijeron con nombres y cifras, y lo dejaron por escrito: si la demanda sube al ritmo que muestran estos números, cualquier reforma que no venga acompañada de plata y de equipos termina siendo, en los hechos, un recorte.

Volví a pasar por la guardia del hospital unos días después de escribir esta nota y la fila seguía ahí, igual de larga. Marcelo, el enfermero que me contó lo de los pibes de 15 años que se descomponen en la sala de espera, me dijo algo que se me quedó dando vueltas: "Acá no viene solo el que está mal, viene el que ya no puede con la vida". Por eso, cuando los números dicen que las internaciones subieron 42% en tres años y que las guardias se llenan de adolescentes, no estamos hablando de una estadística más: estamos hablando de una sociedad que llegó al límite y de un sistema de salud que, aun habiéndose ampliado, reconoce por primera vez en voz alta que no le alcanza.